SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO) manifestó su respaldo al proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, que considera una oportunidad para fortalecer la prevención y protección, la atención a las mujeres afectadas y su acceso a la justicia.
“La protección de las mujeres debe traducirse en garantías concretas para su vida, su integridad y su capacidad de desarrollarse. Una mujer que enfrenta violencia no debería tener que renunciar a su empleo, abandonar su emprendimiento o perder sus oportunidades de crecimiento para buscar seguridad”, sostuvo la presidenta de ANMEPRO, Agripley Valverde
Las declaraciones se producen luego de que el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas entregara a los diputados para fines de evaluación el anteproyecto de ley, creado con el objetivo de fortalecer el marco jurídico nacional y establecer responsabilidades institucionales para ofrecer una asistencia coordinada.
Cree que para enfrentar la violencia se requiere de una respuesta que vaya más allá de la sanción de las conductas y exige proteger la integridad, los medios de vida y las oportunidades de desarrollo de las mujeres, creando condiciones para que puedan preservar su empleo, sostener sus emprendimientos y recuperar su autonomía económica.
Destacó las medidas de protección laboral previstas en el proyecto, incluyendo los permisos para atender diligencias vinculadas con situaciones de violencia, la adecuación de las condiciones de trabajo cuando persista el riesgo y las medidas destinadas a proteger el empleo durante su permanencia en refugios.
También valora la inclusión de mecanismos de acceso a formación, empleo, emprendimiento, asistencia técnica y financiamiento público dirigidos a favorecer la recuperación económica y la autonomía de las mujeres afectadas.
ANMEPRO también exhorta al Congreso Nacional a continuar el estudio de la propuesta con rigor jurídico y diálogo técnico, para que su contenido cuente con condiciones reales de implementación, recursos suficientes, responsabilidades claramente definidas y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
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