Santo Domingo.- En atención al pedimento del Ministerio Público, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva, como medida de coerción, impuesta a Ángel Luis Guzmán Vásquez, vinculado a la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que el juez confirmó la prisión preventiva tomando en cuenta que no han variado los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la misma.
“Esta decisión es importante porque se considera que el caso todavía guarda una gravedad y todavía se mantienen las condiciones que dieron lugar a que este imputado se encuentre en prisión preventiva”, explicó Ramírez a los periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal luego de la ratificación de la medida conocida el viernes.
El juez Raymundo Mejía fijó en tres meses la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción.
A finales del pasado mes de abril, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestó a Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el primero de noviembre del año 2022, cuando trató de salir de la República Dominicana con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno al país.
En el proceso a Guzmán Vásquez le fue impuesta la prisión preventiva por 18 meses, la cual, posteriormente, le fue confirmada el pasado mes de julio
El imputado está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.
Como parte de la operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
El proceso judicial por hechos de corrupción
En el mes de septiembre pasado, tras la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional también impuso prisión preventiva y domiciliaria, así como garantías económicas a otros involucrados, incluyendo personal médico. Las medidas privan de libertad a 24 imputados.
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra. También, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la medida de coerción en el CCR Najayo Mujeres, por 18 meses. La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 22 de diciembre del año 2026.
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